En su sesión de hoy, 4 de octubre, el Consejo Directivo de la FCEIA solicitó la comunicación de la siguiente información elaborada por Universidades Públicas Argentinas ante la difusión de una serie de mentiras que las involucran.
5 mentiras y 5 verdades sobre las universidades públicas
1. Inventan estudiantes para cobrar más fondos
En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
2. Los pobres no están en las universidades
El 48.5% de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza (EPH - INDEC). Casi siete de cada diez alumnos de los 2 millones que componen el sistema universitario público argentino, tienen padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.
3. No se audita lo que gastan
Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 10% en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden. Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto.
4. Los salarios están por encima del sector público en general
Las y los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado Nacional. Los salarios de más del 85 % de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60 % de las y los nodocentes se encuentran en esa misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios durante el 2024 fue de más del 30%.
5. La Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal
La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14% del PBI. Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. El subrégimen industrial de Tierra del Fuego, por poner otro ejemplo, tiene un costo estimado para el Estado de no percepción de recursos en torno al 0,22% del PBI.
El documento difundido desde Universidades Públicas Argentinas se puede descargar AQUI
